“Le enviamos una carta a cada uno de los candidatos a la gobernación donde le pedimos que nos contesten por escrito su posición en cuanto al contrato leonino otorgado a Luma Energy y su compromiso de cancelarlo durante sus primeros 100 días de mandato si llegan a resultar electos en noviembre. Necesitamos un compromiso de cada uno de ellos para anular este contrato que le sube el costo de la tarifa al pueblo y le cuesta al pueblo de Puerto Rico 125 millones anuales”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
Según explicó Figueroa Jaramillo en la carta también se les preguntó a los candidatos específicamente si adoptarían las recomendaciones hechas por la estructura multisectorial denominada Queremos Sol, quienes proponen, entre otras cosas la energía solar para Puerto Rico y la reestructuración de la AEE, y si rechazarían la venta de las operaciones de generación del sistema eléctrico y la creación de una llamada Alianza Público Privada a través del contrato con Luma Energy para las fases de transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país o cualquier modelo de Alianza Publico Privada para la generación de electricidad que hoy le pertenece al pueblo de Puerto Rico.
De igual forma, en la misiva UTIER quiere conocer las posiciones de los candidatos en cuanto al Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica.
“En cuanto al Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, le pedimos nos indiquen cuáles medidas se proponen impulsar a los fines de que la Autoridad pague al Sistema las partidas adeudadas de sus aportaciones para los años 2020 y 2021 que ascienden a $265.3 millones y $265.9 millones respectivamente. Además, cuáles serían los mecanismos financieros para cumplir con la responsabilidad patronal al sustento de dicho sistema de pensiones definido”, reza la carta.
Las preguntas hechas por la UTIER a los candidatos a la gobernación no se limitaron al tema energético, pues desean conocer de igual forma sus posiciones en cuanto a la posibilidad de elevar a rango constitucional toda decisión relacionada con la privatización de servicios públicos esenciales, la congelación de los procesos de negociación colectiva en el sector público, la derogación de la Reforma Laboral y la derogación, en todo o en parte, de la Ley PROMESA.
“Nuestras inquietudes forman parte de las preocupaciones de decenas de miles de ciudadanos que estarán ejerciendo su derecho al voto en las próximas elecciones, para quienes sus respuestas por escrito serán determinantes a la hora de entrar a la casilla de votación. Estamos dispuestos a reunirnos con usted sobre estos y otros temas previo a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 una vez recibamos por escrito sus respuestas a los temas antes mencionado”, cerró la carta.