El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo reaccionó en la mañana de hoy a la orden de arresto contra Wayne Stensby, presidente de LUMA por desacato y pidió al gobernador Pedro Pierluisi cancelar el contrato con la empresa.
“El país está a punto de ver cómo arrestan al presidente de una empresa criminal que fue creada para desangrar al pueblo de Puerto Rico y enriquecer a unos pocos. Siempre se ha demostrado que la privatización es la madre de la corrupción y LUMA es evidencia de ello. Que un presidente de una compañía reciba una orden de arresto por negarse a entregar información pública nos puede dar una idea de la magnitud del robo, corrupción y sabrá Dios qué cosas más contienen los documentos que se niegan a entregar”, expresó.
Figueroa Jaramillo insistió en que el contrato debió declararse nulo por ser leonino e ir en contra de los intereses del Pueblo y reiteró su exigencia al Gobernador de que sea cancelado.
“Desde siempre dijimos que este contrato con esta empresa criminal de LUMA era nulo, que no se debía poner en vigor. Que era un contrato malo para el país, que nos cuesta más de 100 millones anuales, que subía la tarifa, -y ya hemos visto tres aumentos-, y el gobernador Pierluisi lo seguía defendiendo. Parece que al Gobernador le encanta defender empresas criminales y que van en contra de la ley. Pierluisi tiene que cancelarle el contrato a LUMA, él ha repetido en varias ocasiones, y su excusa para poner en vigor el contrato fue que su gobierno es uno de ley y orden, pues miren que bien les salió la compañía que defienden, una empresa criminal que viola ley y a la que están a punto de arrestarle el presidente. El Gobernador tiene que poner los pies en la tierra y cancelar el contrato de LUMA para que no se le pague ni un centavo más”, recalcó.
En el proceso de transición LUMA Energy facturó $168 millones por aprender a administrar y a operar el sistema de transmisión y distribución del país.
Figueroa Jaramillo agregó que el desastre de la privatización del sistema de transmisión y distribución es la mejor evidencia de que no se puede permitir la privatización de las plantas de generación.