La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER) radicó una petición ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para oponerse al proceso secreto de privatizar las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), iniciado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
“Como siempre y a escondidas del pueblo el Ing. José Ortiz mantenía en secreto el proceso de privatización. El 18 de mayo, y en plena pandemia, fue sometida a espaldas del pueblo la petición de AAPP y no fue hasta el pasado 9 de junio que nos enteramos de los que estaba sucediendo. Por eso, ayer en la tarde sometimos una petición ante el Negociado de Energía para que se nos permita intervenir en el caso como parte afectada, para proteger los intereses de los empleados de la Autoridad y de nuestro pueblo ya que no sabemos bajo qué términos se hará la transacción y cómo nos afectará”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
Figueroa Jaramillo detalló que en el portal electrónico del Negociado en ningún momento reflejaba que se estuviera ventilando este asunto. El expediente público del caso se abrió por primera vez con la resolución del Negociado del 9 de junio. El expediente no contiene tan siquiera la petición de la AAPP. Estamos totalmente a oscuras” enfatizó Figueroa Jaramillo.
“Lo que estamos viendo es otro contrato secreto y no es cualquier contrato. Aquí se propone que una empresa privada prácticamente adquiera todas las operaciones de transmisión y distribución de energía del país y servicio al cliente de la Autoridad creando en la práctica un monopolio privado. Aprobar un contrato de esta envergadura a espaldas del pueblo es una falta de respeto”, sostuvo el líder sindical.
Según explicó la representación legal de la UTIER, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez y la Lcda. Jessica Méndez Colberg, el proceso ante el NEPR se inició bajo la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Lo que busca el proceso es que el NEPR le otorgue un Certificado de Cumplimiento de Energía a una empresa privada, hasta ahora, desconocida. “Esto es un contrato público, ante una agencia pública y sobre un asunto de interés público. El público tiene un derecho a conocerlo” puntualizó Emmanuelli Jiménez. Por tal razón, el reclamo de la UTIER no es solo por sus propios derechos, como unión de la AEE, sino que se extiende para cobijar el derecho que tienen todos los ciudadanos al acceso a la información pública.
Así mismo, detallaron que en la intervención radicada por la UTIER se solicitó que el NEPR publique la petición de la AAPP y los documentos adjuntos, incluyendo el contrato propuesto, para el beneficio de los ciudadanos. Hasta el momento, los documentos se han mantenido fuera del escrutinio público. Esto bajo la justificación de que se trata de un proceso de licitación activo.
La resolución del NEPR anunció que se le otorgaría confidencialidad a los documentos presentados por la AAPP cuando solicitó el Certificado. No contiene información adicional sobre el caso ni adjudicó finalmente el asunto. UTIER plantea que la confidencialidad dada es muy abarcadora y viola el derecho a saber de los puertorriqueños.
“En cuanto al acceso a los documentos del caso, no es cuestión de si UTIER tiene derecho o no. Es que todo ciudadano tiene un derecho constitucional al acceso a la información pública. Y si el Negociado decide negarnos acceso a la información necesaria, tendremos que llevar el asunto a los tribunales”, advirtió Figueroa Jaramillo.