La UTIER y varios grupos ambientalistas radicaron una moción en el Tribunal federal en el procedimiento de quiebras de la AEE para oponerse a la aprobación de dos contratos de compra de energía y gas natural entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las empresas privadas, EcoEléctrica L.P. (EcoEléctrica) y Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A. (“Naturgy”). Solicitaron, además, la reconsideración e intervención al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en este asunto.
“La UTIER y varios grupos ambientalistas entendemos que los contratos propuestos violentan la política pública energética de Puerto Rico, así como las disposiciones legales que rigen los contratos de esta naturaleza. Además, sostenemos que los términos de los contratos son adversos para la AEE y resultarán en daños a sus abonados, empleados y acreedores, entre otros señalamientos” explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
Las mociones fueron presentadas ayer en la tarde de ayer por la UTIER, representada por el Bufete Emmanuelli, C.S.P., y las organizaciones: Comité Diálogo Ambiental, Inc.; El Puente de Williamsburg, Inc. - Enlace Latino de Acción Climática; Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc.; Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc.; Sierra Club; Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc.; Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Inc.; Amigos del Río Guaynabo, Inc.; Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Inc.; y CAMBIO P.R.
“Estos contratos por los que levantamos bandera y acudimos al tribunal atarían a la AEE al uso del gas natural hasta el 2032, lo que es contrario a las metas de energía renovable de la AEE, recogidos en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. Al permitirlos, se estaría desviando la atención y los fondos necesarios para efectuar la transición a la energía limpia”, Figueroa Jaramillo.
“A pesar de que los contratos actuales con Ecoeléctrica y Naturgy están para expirarse en el 2022 y a finales del 2020 respectivamente, AEE parece tener mucha prisa por aprobar contratos nuevos con estas dos empresas, asunto que levanta sospecha porque los términos de los contratos no le favorecen y que no consideran la realidad de Puerto Rico ante la pandemia para nada”, añadió el líder sindical.
Según explicó la representación legal de la UTIER, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez y la Lcda. Jessica Méndez Colberg, la unión y los grupos ambientalistas se dirigieron a ambos foros ya que, como parte de su restructuración, la AEE solicitó la aprobación de los contratos, primero, al NEPR y luego del Tribunal federal. El NEPR tiene la responsabilidad de asegurar que los contratos conforme a la ley y política pública de Puerto Rico, mientras el Tribunal federal, por virtud de la Ley PROMESA, es quién tiene la última palabra en cuanto al trámite de reestructuración.
Añadieron que la controversia se trata sobre los contratos de la AEE de compra de energía y operación con Ecoeléctrica, y con un acuerdo de compraventa de gas natural con Naturgy.
El contrato con Ecoeléctrica le proveería energía a AEE, de manera que esta la pueda distribuir a los abonados. Sin embargo, este contrato ahora estaría atado a que la AEE se comprometa a proveerle gas natural que sea comprado exclusivamente a Naturgy. Ecoeléctrica tiene el único terminal de gas natural licuado en la isla y, mediante un tercer contrato, le ha brindado el control exclusivo de ese terminal a Naturgy, que a su vez es una accionista mayoritaria de Ecoeléctrica.
AEE justificó la otorgación de estos contratos por la existencia de un alegado monopolio por parte de Naturgy. No obstante, la UTIER y los grupos ambientalistas rechazan el razonamiento de AEE y se oponen a la otorgación de estos contratos.
“No es un monopolio en el sentido de que hay otros suplidores que podrían dar mejores precios. Se trata de una serie de contratos que limitan la capacidad de AEE para actuar en su propio beneficio” añadió Emmanuelli Jiménez.
La UTIER y los grupos ambientales exponen que los contratos fueron otorgados sin el beneficio de un proceso de licitación competitiva.
“Al no utilizar un procedimiento público y competitivo, la AEE se está comprometiendo, además de al gas natural, a precios y condiciones que no le son favorables”, enfatizó Méndez Colberg. “El punto de la licitación competitiva es precisamente conseguir las mejores condiciones de manera que se protejan a los abonados y los fondos públicos”.
“Los términos de estos contratos podrían costarles millones a los abonados y ocasionar cambios radicales en la restructuración de la AEE, puesto que los contratos asumidos de la manera que la AEE pretende tienen lo que se llama una prioridad sobre los demás acreedores”, añadió Emmanuelli Jiménez.
Los grupos presentan particular preocupación por la falta de información sobre el proceso de negociación de estos contratos.
“No tenemos toda la data necesaria para entender el efecto último que tendrán estos contratos. Tampoco conocemos qué personas expertas, si algunas, fueron empleadas por la AEE para cerciorarse de que los términos del contrato respondieran a la realidad de la agencia”, puntualizó la Lcda. Ruth Santiago, representante legal de las organizaciones ambientalistas. “No hubo oportunidad ante el NEPR para intervenir ni oponerse a la aprobación de estos contratos, antes de que llegaran al Tribunal federal”.
Cabe mencionar que la aprobación del NEPR fue mediante orden el 11 de marzo de 2020, pero los contratos fueron negociados con mucha antelación a los acontecimientos del COVID-19, cuyo efecto en la economía ha sido catastrófico y sin duda afectará a la AEE, dada la baja en la demanda energética que resulta del cierre de negocios. La AEE no ha provisto información de que se haya realizado un análisis de cómo la crisis del COVID-19 podría afectar el otorgamiento de estos contratos y su implementación.